Pues nuevamente, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo (con la tácita venia del Poder Judicial), hicieron de lado los intereses del país para anteponer los de ellos. Me refiero, por supuesto, a la Ley de Ingresos de 2010, el rimbombantemente llamado “Año del Bicentenario”.
Esta entrada a mi ya muy olvidado blog, no pretende ser un ensayo de tintes fiscalistas ni de gran contenido numérico. Quiero hablar, como en anteriores entradas, del sentimiento de impotencia y mi percepción de este tema.
Es interesante ver cómo es la política fiscal de México. Parece ser que fue una serie de eventos desafortunados para México: crisis global, precio del petróleo a la baja, inseguridad asustando a los inversionistas, influenza A H1N1. Los ingresos estimados para el Estado Mexicano cayeron estrepitosamente por falta de ingresos petroleros e impositivos. Hablaban de un faltante al menos de trescientos mil millones de pesos (poniéndolo en números se ve la dimensión de esta cifra: $300,000,000,000.00 M.N.). La pregunta era: ¿de dónde sacar el dinero? Una pregunta por cierto, difícil de contestar, sin duda.
Por un lado, existía la posibilidad de endeudarse con bancos y organismos internacionales. México, onceava potencia económica mundial, cuenta con la posibilidad de pedir dinero prestado a manos llenas. Sin embargo, el costo de esto es inmenso: endeudar a toda la presente generación en pos de no hacer cambios reales en la política fiscal mexicana. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no deshecho esta posibilidad del todo: recibió el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de los EUA, y de otros organismos, por no menos de cuarenta mil millones de pesos (nuevamente, poner esta cifra en número la hace ver más impresionante, tomando en cuenta que son dólares americanos: $40,000,000,000.00 USD). Este capital sería usado sólo en caso de extrema necesidad. Hasta donde sé, no se ha usado y es tan sólo un blindaje para el Gobierno.
Por otro lado, existía la posibilidad de hacer un presupuesto de la Federación estimando un precio del petróleo mexicano muy por encima de lo estimado por analistas. Una apuesta riesgosa y atractiva. Durante años pasados, el precio del petróleo fue estimado muy por debajo de su precio real del mercado, dando al Gobierno recursos extraordinarios por este concepto. ¿Dónde esta ese dinero? En la creciente y creciente burocracia (no sólo la de bajos, sino la de altos ingresos), la ineficiencia de PEMEX, CFE y LyFC (afortunadamente, ésta última ya extinta), entre muchas otras dependencias gubernamentales, que en lugar de ser modernizadas (tanto en su marco legal como en la práctica), siguieron siendo subvencionadas por el Estado y por ese petróleo. Al final, el Poder Legislativo determinó un precio del crudo en concordancia con lo estimado por los analistas. Sabia decisión, desde mi punto de vista.
Última alternativa: elevar impuestos. En un mundo en crisis (literalmente), la mayoría de los países tuvieron el mismo problema que el nuestro: menor actividad económica y, por ende, menores ingresos fiscales. La mayoría de estos países decidieron irse por un camino que parecía suicida: disminuir los impuestos directos a los ingresos (llamados en muchos lados, incluso en México, “Impuesto sobre la Renta”); también redujeron los impuestos a las empresas, disminuyeron sus gastos corrientes (es decir, el gasto operativo del gobierno: salarios, materiales de oficina, etc.). No obstante, incrementaron los impuestos al consumo en una cantidad no exorbitante; también decidieron endeudarse en una cantidad manejable respecto a sus economías, es decir, en cantidades que no pusieran en riesgo la viabilidad operacional de su gobierno al largo plazo. ¿En qué redundó eso? Muchas de esas economías ya están saliendo o salieron de la recesión.
¿Qué decidió el Poder Legislativo? Cargar más impuestos a aquellos que ya pagamos, es decir a aquellos contribuyentes cautivos: empleados y empresas privadas ya registrados ante la autoridad tributaria. Debe decirse que el Poder Ejecutivo propuso a nuestros egregios diputados la imposición de un impuesto del 2% a alimentos y medicinas, hoy exentos de cualquier gravamen; pero también, el Poder Ejecutivo deseaba cargar más la mano a los que ya pagamos impuesto sobre la renta, para elevarlo de 28% a 30%. También quería elevar impuestos a tabacos y alcohol (afortunadamente no al vino tino), así como crear un impuesto de 4% a las telecomunicaciones, incluyendo Internet.
Lo que sucedió después de grilla y más grilla, fue que los diputados y senadores (representantes siempre de sus partidos, nunca de nosotros, quienes les pagamos), decidieron no imponer el 2% a alimentos y medicinas, sí imponer un impuesto sobre la renta de 30% tope y un impuesto a telecomunicaciones de 3%, sin incluir Internet (después de todo sólo el 10% de los mexicanos lo usa en casa y el resto en universidades y oficinas).
Me parece terrible que hayan obrado así porque en lugar de hacer que más gente pague más impuestos, siguen haciendo que quienes ya pagamos impuestos paguemos más. Mi propuesta fiscal sería la siguiente:
- Impuesto de 5% a alimentos y medicina, sin excepción
- ISR de 26% tope
- Impuestos más altos al tabaco y licores de alta graduación alcohólica
- Reducción de gasto corriente del gobierno en al menos 10% (menos prestaciones y bonos a burócratas en general porque, ¿qué derecho tienen ellos a ganar más que yo?)
Mi base para esta propuesta no está basada en ningún estudio económico, sino en el puro sentido común, por lo que puede ser sujeta a múltiples (si no es que a una total) correcciones.
Sin más, me despido, como de costumbre con una frase. En esta ocasión de un americano universal, Benjamin Franklin: “En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos.”
miércoles, 11 de noviembre de 2009
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Mi estimado Israel,
ResponderEliminarEstoy muy de acuerdo contigo en cuanto a que nos salimos por la puerta fácil (que siempre es la que nos acaba dándo patadas en el futuro) en cuanto a nuestro marco impositivo, pero desafortunadamente alcanza al laboral, al político y al que se imagine.
Como bien planteaste, nuestros legisladores no responden al país o al bien común sino al ahorita en sus partidos. Esta irresponsabilidad legislativa hace que se estén debatiendo si le acortan el nombre a nuestro país (de Estados Unidos Mexicanos a sólo México) en vez de preocuparse de los asuntos uregntes e impostergables que siempre acaban siendo postergados.
Comparto tus preocupaciones.
Angel Somohano